Para NO + micrófonos en silencio: ¡no más allanamientos, más medios libres!

Fotografía: Radio Manque

Hace poco más de dos semanas, el viernes 5 de febrero, una nueva radio comunitaria se sumó a la lista de allanamientos e incautaciones de equipos por parte de la PDI y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), organismo del Estado que controla las autorizaciones para la radiodifusión.

Radio Popular 107.1 FM, de Curacautín, se convirtió en la primera emisora libre en ser hostigada y silenciada este 2016, pero la séptima si se tienen en consideración los casos de 2015: La Voz de Carahue, de Carahue-Cautín; La Voz de Nueva Branau, de Puerto Varas; Radio 1, de Concón; Radio La Victoria, de Santiago; Radio Manque, de Rancagua y Radio Aukan, de San Fernando, la última en ser cerrada el año pasado.

Tanto la existencia de Radio Popular como la de las otras seis emisoras comunitarias allanadas, son un claro síntoma de que algo está pasando con la comunicación en Chile, específicamente, con la necesidad social de las comunidades de hacerse oír, de conversar, de plantear ideas y tener presencia –y también voz– en el debate. Presencia que les es negada en los medios masivos y hegemónicos, justamente porque critican, cuestionan y luchan por modificar las bases de un sistema que éstos mismos defienden.

Amparado en un marco legal que penaliza y persigue a las radios comunitarias, el Estado se ha encargado de restringir y criminalizar sistemáticamente el que debiese ser el libre ejercicio del derecho a la comunicación. Utilizando los organismos policiales, se han allanado y decomisado equipos a emisoras que, con el esfuerzo y el trabajo comprometido de sus integrantes, sobreviven sólo en base a la autogestión, con el fin de construir –conjuntamente con las comunidades donde están insertas– nuevas y diferentes formas de comunicar.

Ahora, ¿qué es exactamente lo que dice este marco legal? ¿Por qué se permite el cierre y silenciamiento de radios comunitarias? Estas acciones violentas y sumamente despóticas en contra de las emisoras libres se valen del carácter ilegal de las transmisiones radiales que no posean una concesión otorgada por la SUBTEL. El apartado a) del artículo 36B de la Ley General de Telecomunicaciones –cuerpo normativo impuesto por la dictadura militar– declara como delito la radiodifusión sin licencia (sin autorización de la autoridad correspondiente), estableciendo como castigo el comiso de equipos, multas de 5 a 300 UTM y penas de presidio menor (hasta 5 años y un día).

Aunque en abril de 2010 se aprobó la ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana (Ley 20.433) y que sustituye a la ley de radios de mínima cobertura de 1994, la propuesta no prosperó, la tramitación quedó paralizada y desde marzo de 2014 no se ha realizado ningún trámite. Así, a la fecha, la ley no termina de implementarse y artículo 36B continúa en vigencia.

Descifrar el motivo de lo anterior no presenta mayor complejidad, pues ya conocemos la complicidad y servilismo del Estado chileno con el empresariado y los grandes consorcios que monopolizan el dial, que acaparan y concentran el espectro radioeléctrico en pocas manos. Asimismo, tal como sucede en diferentes sectores –como en lo educacional y laboral– en estas acciones vemos nuevamente la nefasta persecución a proyectos políticos y sociales, que nacen de la necesidad de informar desde una visión crítica, diferente y, la mayor parte de las veces, opuesta a la de los medios de comunicación tradicionales.

Para profundizar en la situación actual de las radios comunitarias en Chile y para conocer más sobre el séptimo caso de allanamiento entre 2015 y 2016, La Radioneta conversó con Andrés Quintana, encargado de Radio Popular en Curacautín.

Fiestoforo

¿Cuál es el trabajo que hacen con Radio Popular?

Radio Popular es una radio que tiene el corazón de la gente, con una programación realmente popular. Nuestra programación es tropical-ranchero casi todo el día, cumbia, alegría, mensajes, saludos, whatsapps: servicio a la comunidad. Eso es Radio Popular y por eso el nombre. Está en las poblaciones, está en el trabajo, en el taller, en el campo, en las comunidades mapuche. Nos encargamos de las necesidades propias de un ciudadano. Yo abría los micrófonos, venían señoras y señores, peñis, por ejemplo, porque estoy con las comunidades ancestrales. Ellos están defendiendo la vida del río Cautín y en la radio hacen sus convocatorias, dan sus planteamientos del porqué no son buenas las centrales de paso, etc. Vienen otros dirigentes vecinales a citar a reunión, viene la gente a pedir ayuda. Hemos hecho varias ayudas en dos meses, seis campañas exitosas de toda índole: para conseguir remedios, para conseguir pasajes. Hemos hecho fiestas para los recolectores de la basura, y tantas cosas en dos meses, que la radio se metió en el corazón de la gente y muy fuerte.

¿Cómo se dieron los hechos el viernes 5 de febrero?

El día viernes 5 de febrero yo estaba transmitiendo acá en la ciudad de Curacautín, a las 11:20 de la mañana, como es habitual –partimos a las 6 de la mañana, con un bloque matinal–, cuando irrumpen en la radio, en los estudios de la radio, muy sencillos, los agentes de la PDI de la ciudad Victoria. Ocho funcionarios entran pidiéndome que detenga las transmisiones, que tengo derecho a llamar a mi abogado y que tengo orden de detención y de incautación de los equipos de la Radio Popular por una denuncia a la SUBTEL.

¿Cuál fue el modo de proceder de la PDI?

Bueno, el modo de proceder de la PDI no fue violento ni nada de eso, al contrario, muy tranquilo. Conversamos con los muchachos, eran ocho funcionarios, y el encargado del procedimiento me da a conocer que, por orden de la fiscalía, él tiene que incautarme los equipos. Me apagan el transmisor y comienzan a sacarme todos los equipos: los tres computadores, las dos mesas, la consola y también se llevan el micrófono. Me hacen apagar toda la radio y me llevan detenido a la ciudad de Victoria, donde proceden con la detención. Pasé la noche del viernes, en Victoria, en un calabozo, como cualquier detenido, y el día sábado 6 me trasladan a la comuna de Curacautín para llevarme al control de detención.

¿Sabes quiénes y por qué hicieron la denuncia?

En el momento, a nosotros no nos dieron esa información. Solamente me leyeron los derechos, las medidas cautelares: firma mensual y arraigo nacional. Pero al conversar con los policías me informaron que fueron las emisoras comerciales quienes denuncian que yo estoy procediendo en forma ilegal con la programación, por no estar en la SUBTEL. Por esto dan orden al fiscal de investigar y proceden con lo que me hicieron a mí, la detención e incautación de los equipos. Yo creo que la alta audiencia de la radio que sirve, que está en el hogar, con el vecino, el poblador, el campesino, hace que las radios comerciales no tengan audiencia. Y por eso ellos me denuncian y me sacan del aire. Pero el mal no me lo hacen particularmente a mí, se lo hacen a la comunidad.

Todo por no tener licencia…

Es que son pocas las radios comunitarias, desde el 2014, que tienen autorización, porque no ha habido concurso, no se ha llamado a licitación de radios comunitarias. La Radio Popular tiene algo distinto, a lo mejor, de otras radios y es que pertenece a la ANARCICH, que es la Asociación Nacional de Radios Comunitarias de Chile. Ellos me extendieron un certificado de socio para respaldarme si es que en algún momento me quitaban los equipos, pero no me valió de nada. Ellos me dijeron ‘transmite, no hay problema, vas a estar respaldado por si llega la PDI con este papelito; en todo caso, nosotros, cuando se abra el concurso, te vamos a ayudar a postular’.

¿Esa era la proyección de Radio Popular?

La radio comunitaria no puede cobrar, porque nosotros no somos comerciales, entonces qué paso, se formó un grupo de socios que apoyaba económicamente a la radio. Estamos en una agrupación que tiene personalidad jurídica, para que cuando se abriera la posibilidad de concurso para radios populares y comunitarias, pudiéramos participar como la comunidad Quilape López (una comunidad mapuche), que se iba a hacer cargo de la radio como directorio. O sea, estábamos procediendo para participar y salir al aire con los papeles al día.

El espacio radioeléctrico hoy día pertenece a unos pocos…

Las colusiones van desde el papel higiénico hasta el mar en nuestro país. Qué podemos esperar cuando, por ejemplo, yo me fijo en el dial y hay una radio que tiene su asiento comercial en la ciudad de Lautaro y ese señor tiene nueve concesiones en la región. O sea, ¡cómo te explicas tú que un señor, porque presenta un papel más o menos, tenga nueve emisoras radiales en la región! ¿De qué estamos hablando, de un monopolio radial? No nos permiten competir, porque nos dan un dial del 107.1 a 107.9, donde caben 3 o 4 emisoras, porque se van saltando cada dos puntos del dial. Están coludidos en todo y ahí hay señores, grandes empresarios de este país, que con los políticos consiguen concesiones de radio tan fáciles como tomar un vaso de agua.

Y de paso se vulnera el derecho a la comunicación…

Hay un derecho primordial humano, que es la libertad de expresión, poder decir lo que a ti te afecta, lo que tú quieras saludar o lo que tú quieras aplaudir. Es un derecho a la expresión del mundo. Y hoy yo creo que este derecho está plasmado como si fuera una dictadura. Acá, mira en Curacautín, y no es por hablar mal de la autoridad comunal, pero este señor tiene una radio comunitaria sólo al servicio de la municipalidad. No abre las puertas a la comuna, ¡no las abre!, solamente se publica lo que hace la municipalidad, lo que hace la autoridad.

Como comunicador popular, ¿qué viene a representar para ti el artículo 36B?

Sepultar la voz del pueblo. Porque, aparte, seguido de ese artículo, viene la letra que dice que te van a incautar, que te van a quitar tus equipos ¿Sabes cuánto me costó a mí juntar mis equipos de radio? Me costó mucho. Antes yo trabajaba en el comercio y fui adquiriendo, de a poco, un computador, adquirimos el transmisor con las comunidades mapuches y nos costó mucho, invertimos plata. La radio funcionaba en un lugar muy modesto, hay grandes estudios radiales, y nosotros, en una pieza, una cabina. Cuando hablamos de estos artículos y leyes, que fueron hechas en la dictadura y que no se han cambiado, yo digo: ¿por qué tenemos que seguir amenazados y silenciados por estos fatídicos puntos? No lo entiendo. Estamos en democracia. Los parlamentarios, gente que está sentada en Valparaíso, allí cerquita de ustedes, en el Congreso, para subirse el sueldo se demoran diez minutos y para subirle el sueldo a los obreros se demoran un año. Para silenciar una radio se demoran un mes y para poner cinco radios se demoran cinco minutos. Entonces, ¡cómo podemos decir que estamos en una democracia! Mira, yo me atrevo a decir que esto es una dictadura contra quienes nos gusta hacer radio, donde nos callan y callan a la voz del pueblo. Se supone a todo digamos ‘sí, sí, sí, amén, amén, amén’.

¿Cuáles son los pasos que siguen en el proceso?

Es complicado porque la ley es complicada, no tiene corazón. Podemos obtener presidio menor, hasta cinco años y un día. Los abogados de las comunidades mapuche me van a ayudar, están documentándose en el tema para ver qué podemos hacer. Pero yo sé que vamos a llegar un juicio oral demore lo que demore. No creo estar cometiendo ningún delito. Bueno, ante la ley, sí, porque está escrito, pero ante la comunidad, la gente que cree en la libertad de expresión, y ante la democracia, nosotros hacemos verdadera radio. El 10 de marzo me tengo que presentar, a las 11 de la mañana, en el tribunal para seguir con el tema. La jueza dio dos meses de investigación para determinar el caso, y esperando en dios, en la fe que tengo y en la gente que me apoya, podamos lograr algo favorable. Ojalá para recuperar nuestros equipos y seguir transmitiendo, con una radio comunitaria de verdad.

¿Tienen planeado seguir transmitiendo de alguna forma?

Estamos haciendo un esfuerzo con internet. Hace dos días estamos transmitiendo por internet, pero está difícil, porque hay que tener una aplicación especial. Me gustaría hacer fuerza, de verdad tenemos que unirnos en esto, porque hoy día me pasa a mí, le pasa a Radio Manque, y le puede pasar a cualquier otra radio después ¿Y cuantos comunicadores sociales van a estar con arraigo nacional, con firma mensual y sin sus equipos? A mí me llevaron mi computador personal, donde tengo fotos de mis hijos desde cuando nacieron hasta hoy, mis grabaciones de toda mi vida en la radio. Para mí es una cosa nostálgica, de pérdida, es un deterioro personal, que da rabia porque es un sistema que te oprime, que te mete a la cárcel y que te silencia.

Existe la necesidad de estrechar vínculos y articularse entre radios libres…

Nosotros, aparte de transmitir, de dar este mensaje, tenemos que agruparnos. Tenemos que salvar a los otros colegas para que nos les pase lo mismo que a mí, porque es triste darlo todo, para quedar en nada. Tenemos que agruparnos ya, ser seres de acción y reacción, hoy estamos contra un sistema que nos oprime, que nos calla, que nos manda para la casa, que no quiere que salgamos al aire, que no quiere a la comunidad feliz, compartiendo, dando ideas. Ante esto, debemos unirnos, porque si no es así, varios colegas nuestros pasarán la misma historieta triste que estamos pasando nosotros. Tratar de luchar en internet es más difícil, porque, por ejemplo, la gente del campo no tiene acceso a internet, porque hay lugares donde no llega. Piensa que aún hay comunidades que no tienen acceso ni siquiera a la línea telefónica, y tienen que poner el teléfono en la ventana para ver si reciben la señal. Hoy estamos en los límites de una sociedad que abusa: ¡déjenos elegir qué radio escuchar, déjenos expresarnos! ¡Que no nos coarten, que no nos pongan el micrófono en silencio!

En el contexto de los allanamientos a distintas radios comunitarias, Radio Manque lanzó el 23 de enero, en Rancagua, una campaña llamada "NO MÁS ALLANAMIENTOS - MÁS MEDIOS LIBRES", con el objetivo de visibilizar la constante problemática que viven las emisoras libres al ser criminalizadas por la Ley de Radios vigente.

No sólo se trata de radios cerradas, sino también de comunicadores sociales perseguidos y encarcelados, además de comunidades enteras perjudicadas al quedarse sin medios independientes de información. Con la actual legislación –y la deficiente aplicación de la Ley 20.433–, se vulnera el derecho a la comunicación en todos los sentidos, pues no podemos abrir emisoras sin esperar represalias, no podemos informar ni tampoco ser realmente informados.

Ahora que la campaña ya fue lanzada, el llamado es tanto a los medios populares como a las personas interesadas en defender la información libre, a continuar con esta trinchera de resistencia y también de supervivencia: para que no más radios comunitarias sean cerradas, para que no más micrófonos sean silenciados, para no callar y alzar la voz sin miedo.