Porque la lucha social no es delito: ¡No más miedo, no más persecución política!

Por Isabella Galaz Ulloa/ Fotografía: RIVAL

Junio de 2015. Con mayoría de carreras a favor, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) entra a un estado de paralización indefinida. Aunque la demanda nacional de educación pública se mantiene en pie, y para muchas y muchos sigue siendo la razón principal para paralizar, esta vez se rescata como pilar fundamental de la movilización, la democracia al interior de la universidad, además de manifestar el categórico rechazo que suscita el proyecto de carrera profesional docente.

A casi un mes de iniciado el paro general, el 15 de julio de 2015, un grupo de estudiantes de la casa de estudios decide tomarse los edificios Monseñor Gimpert y Rubén Castro. La medida de presión y radicalización respondió no sólo a la convicción de que la democracia dentro de los espacios estudiantiles es indispensable para lograr la transformación de la educación en Chile, sino que también a las respuestas más que insatisfactorias que entregó el rector a los puntos exigidos en el “Petitorio PUCV 2015”. Además, se sumaron a los desencadenantes de la toma, las acciones opresivas por parte de algunas unidades académicas, las cuales no dudaron en pasar a llevar la paralización, siguiendo con las clases y evaluaciones en pos del cierre de semestre.[1]

Durante la ocupación de dichos edificios, se produjeron una serie de destrozos y robos, hechos que llevaron a las y los estudiantes a desalojar por voluntad propia –sin intervención de Fuerzas Especiales– las dependencias de la Universidad, y que fueron registrados posteriormente por las autoridades de la misma. Justamente aquí es cuando comienza a empañarse la historia.

El 16 de julio, horas después de iniciada la toma y poco antes de su deposición (duró menos de 24 horas), rectoría PUCV emitió un comunicado para la comunidad universitaria en que manifestó que perseguiría todos los delitos que allí ocurriesen, utilizando todos los mecanismos que tanto la normativa institucional como legal le permitiesen.[2] Dicho y hecho. La normativa institucional hizo más que sólo permitirle perseguir delitos menores como daños a la infraestructura y a bienes de particulares, sino que le entregó completa licencia para condenar y hostilizar a un estudiante libre de las faltas que se le imputan. Y de paso, criminalizar, nuevamente, la lucha social.

Una vez que las consecuencias de la ocupación fueron comprobadas y registradas por las autoridades de la PUCV, la universidad inició un proceso de investigación para determinar quiénes eran los autores de los perjuicios. El procedimiento se realizó durante el segundo semestre de 2015 y acusó a Miguel Moya – estudiante de Trabajo Social de la PUCV– como único responsable directo de los daños producidos.

A raíz de esto, Moya fue sometido a un sumario interno que, cabe destacar, se realizó –y se realiza, cada vez que se aplica la normativa– por medio del reglamento de disciplina de la Universidad, un documento redactado en dictadura[3] y que es fiel reflejo de las prácticas antidemocráticas con las que acostumbra a proceder la PUCV. Producto de este proceso investigativo, la institución emitió una resolución que sancionó al estudiante -en una primera instancia- a la prohibición temporal de matrícula por cuatro semestres (dos años). Sin embargo, tras realizar Miguel Moya la apelación correspondiente (13 de enero), el castigo fue reducido, quedando imposibilitado de estudiar durante tres semestres, además de tener vetado el ingreso a cualquier recinto de la PUCV.

No satisfechas con la prohibición de matrícula y de ingreso a las dependencias de la universidad, las autoridades de la PUCV decidieron interponer una querella criminal en el Tribunal de Garantía en contra del estudiante, aludiendo a los destrozos y los robos ocurridos dentro de las facultades.

Ahora, ¿De qué se culpa exactamente a Miguel Moya? En la resolución se le sanciona (1) por haber participado voluntaria, consciente y protagónicamente en la ocupación de los edificios mencionados, (2) por encubrir a participantes –no aportar con nombres– de hechos de violencia en contra de bienes universitarios, (3) y por guardar silencio y amparar actos que atentan contra el prestigio de la Universidad. Estos dos últimos puntos derivan de que el estudiante es considerado reacio a cooperar con la investigación, siendo calificado de encubridor de los destrozos y robos.

A partir de la primera “falta” sancionada, es posible comenzar a determinar cuáles son los verdaderos motivos que hay detrás de esta resolución, pues se castiga al estudiante por el solo hecho de haber participado voluntariamente de la toma. ¿Qué nos dice esto? Que lo que se está condenando no son precisamente los delitos, sino que la participación política del estudiante, en un contexto que, como ya fue mencionado anteriormente, era de movilización y de paralización general tanto en la PUCV como en muchas otras universidades.[4]

La ocupación o toma de espacios –ya sea universitarios o de otra índole– ha sido, es y será un mecanismo utilizado por los diferentes movimientos sociales para hacer presión y dar visibilidad a sus reivindicaciones. Criminalizar las luchas sociales y a quienes las protagonizan es sólo una forma de quitarles legitimidad y fuerza, y la PUCV, mediante la resolución y la querella criminal interpuesta, además de acciones arbitrarias durante período de paralizaciones, ha demostrado sobradamente que sus intenciones no son diferentes a esas.

Por otro lado, no deja de ser sorprendente que el sumario interno y la carpeta investigativa sólo se componga de fotos (de los daños), el inventario (cuantificado en dinero) y de declaraciones de funcionarios, directores de carrera, la dueña del quiosco asaltado, y sólo dos personas que estuvieron presencialmente en la ocupación (entre ellas, Miguel Moya). En ese sentido, los testimonios en que se sustenta el procedimiento provienen en su mayoría de testigos que no estuvieron presentes en la ocupación y que sólo pueden hablar desde lo que oyeron y vieron una vez depuesta la toma.

En esa misma línea, es destacable la inexistencia de pruebas, pues, en relación al encubrimiento, no hay cómo comprobar si el estudiante realmente conocía los nombres de quienes participaron en los destrozos y robos. Las autoridades universitarias son sumamente tendenciosas y arbitrarias al afirmar que guardar silencio significa amparar los daños a la infraestructura y otros bienes, sobre todo teniendo en consideración que fueron las y los mismos estudiantes quienes, al ver lo ocurrido, decidieron poner fin a la toma, sin ser necesario el desalojo por parte de Fuerzas Especiales. Esta acusación por parte de la PUCV sólo busca mostrar cada vez más como culpable a Miguel Moya, pues, pese a que no se le reconoce como autor de dichas faltas, se le presenta como un defensor de ellas y como un encubridor de las personas que las cometieron.

De lo que se le acusa y por lo que se le sanciona, sólo su participación voluntaria y consciente en la ocupación de dependencias de la universidad es cierta. El resto son incriminaciones infundadas, parciales y antojadizas, que únicamente tienen por objetivo criminalizar al luchador social y perseguirlo por su actuar político.

Así es como, a través de un más que dudoso y poco transparente sumario interno y de un tiránico reglamento disciplinar, la PUCV ejerce y toma medidas de fuerza completamente unilaterales y abusivas, usurpándole su derecho a estudiar a Miguel Moya. Justo el derecho por el que las y los estudiantes vienen reclamando con tanta fuerza desde hace años.

Con esto, la Universidad sólo viene a ratificar su actuar, siempre contrario a los intereses y preocupaciones de las y los estudiantes, nunca velando por avanzar en la esfera de los derechos sociales que debiesen pertenecerles a todxs lxs chilenxs. Sólo debemos recordar que la querella criminal en contra de Moya sigue en pie, alimentando la persecución e intentando fomentar el miedo, no sólo en el estudiante inculpado, sino que en todas aquellas personas que en la PUCV se mueven por la lucha social.

Porque se vuelve inevitable pensar que, de alguna forma, Miguel Moya es lo que llamaríamos un cabeza de turco o chivo expiatorio, con la diferencia de que lo que aquí se busca no es impedir que los verdaderos responsables sean juzgados, sino mostrarle al resto de estudiantes qué es lo que puede llegar a pasarles si se atreven a interponer su participación política con los intereses de la Universidad.

Pura y dura bravuconería.

[1] Comunicado toma Gimpert y Rubén Castro. 15 de junio de 2015.

https://drive.google.com/file/d/0b1cmlrm7iibcthvgekrunhbdvkncrlbwbm5xr1z4wkq4rwq0/view

[2] A la comunidad universitaria. Noticias. 16 de julio de 2015. http://prensa.ucv.cl/?p=42620